Real Decreto‑ley 7/2025: la ofensiva normativo‑técnica para blindar el sistema eléctrico tras el gran apagón

Tras el apagón del 28 de abril, el Real Decreto‑ley 7/2025, aprobado el 24 de junio, avanza una batería de medidas para reforzar la estabilidad eléctrica en España: supervisión técnica, inversión en redes, almacenamiento e impulso regulatorio. Las nuevas normas ya están en tramitación y empiezan a aplicarse este mes. El texto busca tanto prevenir futuros fallos como acelerar la transición energética basada en renovables. Expertos y fuerzas políticas debaten ahora sobre alcance, ejecución y equilibrio con sectores tradicionales.

El Real Decreto‑ley 7/2025, aprobado el 24 de junio, surge como respuesta urgente al fallido “cero de tensión” del 28 de abril en la península ibérica. La norma pretende reforzar la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico ante incidentes de gran magnitud, combinando acciones de supervisión técnica, inversión en redes y medidas regulatorias centradas en energías renovables y almacenamiento energético.

El ministerio y el operador del sistema (REE) recibieron mandatos claros para revisar y proponer mejoras regulatorias en un plazo de entre 3 y 15 meses. Asimismo, se asignaron responsabilidades específicas a la CNMC para controlar y auditar los servicios de tensión y reposición periódicamente. Estas acciones buscan reducir vulnerabilidades ante futuras perturbaciones.

Con vigencia inmediata y un amplio periodo de transición, el decreto está ya en fase de desarrollo técnico y administrativo. Durante este mes se espera la aprobación de reglamentos técnicos, la apertura de consultas públicas y el inicio de procedimientos de concesión y permisos. El objetivo es aplicar soluciones reales a corto plazo sin dejar de lado la planificación a medio y largo plazo.

Fortalecimiento de la supervisión y control técnico

Tras el incidente del 28 de abril, se reforzó el papel de la CNMC para supervisar la calidad de tensión en toda la red eléctrica. El decreto obliga a realizar inspecciones trimestrales, con informes técnicos detallados sobre cumplimiento de obligaciones normativas por parte de todos los agentes del sistema, incluidos generadores y distribuidores.

Paralelamente, el operador eléctrico debe revisar y proponer mejoras en áreas críticas como amortiguación de oscilaciones, velocidad de cambio de tensión, calidad de inyección de potencia y prestación de servicios de ajuste. Estas recomendaciones, junto con nuevas prácticas de monitorización de oscilaciones, deben llegar antes de los próximos tres a quince meses.

La transparencia es otro eje clave: se requieren registros sincronizados de faltas, informes de perturbaciones y oscilógrafos, con datos accesibles para análisis. Estos avances pretenden facilitar una supervisión efectiva y detectar a tiempo posibles fallos técnicos o conductas imprudentes por parte de operadores energéticos.

Impulso al almacenamiento y flexibilidad del sistema

El decreto reconoce al almacenamiento como infraestructura de utilidad pública. Se establecen permisos más ágiles, especialmente para instalaciones de menos de 500 kW y proyectos híbridos (renovables + baterías). Además, se elimina la consideración de “consumo puro” de estas instalaciones y se crea una nueva jerarquía de redespacho priorizando recursos con almacenamiento.

Se introduce la figura del agregador independiente, habilitando a terceros para ofrecer servicios de gestión de demanda y flexibilidad, lo que permite participación activa de consumidores en el sistema eléctrico. También se abren vías para pagos por servicios de respaldo (capacidad) desde este año.

Este paquete de medidas busca consolidar una red eléctrica más dinámica y resilientemente operativa. El papel del almacenamiento es clave para amortiguar picos, responder ante contingencias y facilitar la integración masiva de energías renovables a medio plazo.

Facilitación del autoconsumo y electrificación

El decreto introduce medidas técnicas y administrativas para promover el autoconsumo colectivo y la electrificación: se amplía el radio permitido de autoconsumo hasta 5 km y se crea la figura del gestor de autoconsumo, facilitando la gestión y distribución de excedentes.

Para acelerar la descarbonización, también se eximen puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor de autorizaciones administrativas y medioambientales en muchos casos, reduciendo plazos y costes. Además, se permiten bonificaciones municipales y eliminan trabas en comunidades de propietarios.

Estas facilidades buscan estimular la demanda eléctrica sostenible, reducir emisiones y diversificar el mix energético hacia tecnologías eficientes y limpias. También constituyen un mecanismo adicional para distribuir carga en momentos de tensión, aportando estabilidad al sistema.

Modernización y regulación de redes eléctricas

El RDL habilita a Red Eléctrica y distribución para proponer ajustes en la planificación, introduciendo criterios de calidad que deben ser también evaluados, no solo la capacidad de nueva generación/demanda. Esta transformación permite incorporar tecnologías de control de tensión y redes inteligentes.

Asimismo, se fomenta que el operador del sistema y la CNMC revisen la coordinación entre planificación de transporte y distribución, buscando optimizar inversiones en infraestructura y adaptarlas al giro verde.

También se introduce la figura del “nudo de transición justa” para nucleares o térmicas cerradas o en cierre inminente, asegurando una transición ordenada para zonas afectadas, con apoyo inversor y reconversión industrial.

Prolongación de plazos y simplificación administrativa

Se amplía el plazo para acreditar el quinto hito administrativo en proyectos renovables (conexión/explotación), extendiéndolo hasta el 25 de septiembre de 2025. La disposición permite ajustes en el calendario dentro del período total de 8 años sin penalización.

Para instalaciones renovables e híbridas, se reducen plazos sustancialmente, agilizando permisos, trámites ambientales y licencias de construcción. También se define la explotación provisional como propia autorización y se eximen instalaciones menores de 500 kW.

Con ello, el decreto persigue evitar caducidades arbitrarias, reducir incertidumbre y acelerar despliegues que contribuyan a la resiliencia eléctrica, respondiendo al vacío provocado tras la administración de hitos y demoras administrativas.

Mercado de capacidad y respaldo

El RD‑ley incorpora en la Ley del Sector Eléctrico mecanismos para futuros pagos por capacidad, activables por orden ministerial. Se permite remunerar instalaciones de respaldo, incluidas centrales térmicas, ciclos combinados y baterías, para asegurar disponibilidad en momentos de alta demanda o emergencia.

Este abono busca incentivar que dichas instalaciones estén operativas en momentos críticos, reforzando la red ante contingencias y complementando la inversión en renovables. A su vez, obliga a REE a revisar en doce meses su calendario de restricciones técnicas, garantizando respaldo predecible.

Aunque la orden reglamentaria queda pendiente, el decreto sienta el marco legal para este mercado, necesario para encontrar equilibrio entre sostenibilidad y fiabilidad en la transición energética española.

Rol de la CNMC y del operador del sistema (REE)

Se asignan nuevas competencias a la CNMC: inspeccionar controles de tensión, auditar recuperación de suministro y reportar irregularidades. También se espera que supervise la correcta implementación de los servicios de ajuste y respuestas ante eventos.

Por otro lado, REE deberá analizar y proponer mejoras técnicas en plazos máximos entre 3 y 15 meses, incluyendo definición de nuevos requisitos de monitorización y coordinación entre redes. La intención es anticiparse a debilidades estructurales antes de que causen incidentes.

Ambos organismos asumirán responsabilidad visible: si fallan, podrán ser auditados y sancionados. Esta presión institucional pretende garantizar que el sistema evolucione conforme a mejores prácticas y se transforme en línea con la evolución tecnológica.

Balance político y debates en Parlamento

El decreto ha recibido respaldo de grupos como PP, Junts y organización ambientalista Greenpeace, pero se enfrenta a críticas de Podemos, que lo considera insuficiente para regular a las grandes eléctricas y prevenir futuros fallos estructurales. Denuncian, además, apoyos encubiertos a macrogranjas.

La disputa se centra en si el texto aborda verdaderamente las causas del apagón y si impone controles efectivos sobre operadores privados. El Gobierno responde que crea un marco equilibrado, favoreciendo renovables y almacenamiento, y que ya existen futuros mecanismos sancionadores.

La votación de convalidación del decreto, pendiente de este mes, será clave para definir el grado de consenso político y su viabilidad. De él depende la legitimidad y continuidad de una política energética capaz de sostener la infraestructura del futuro.

Impactos esperados y riesgos de implementación

Si se ejecuta correctamente, el RDL 7/2025 puede reducir notablemente el riesgo de apagones, acelerar integración renovable y fomentar una economía eléctrica más sostenible. La coordinación técnica y administrativa será determinante para cumplir sus objetivos.

No obstante, los retos son grandes: agilizar permisos sin sacrificar seguridad, establecer mercados de capacidad efectivos, gestionar prioridades regulatorias y evitar desequilibrios entre industrias. Una implementación parcial podría generar nueva inestabilidad o frustración.

El acompañamiento político, técnico y social será vital. Las autoridades deben impulsar transparencia, control, recursos y coordinación interadministrativa para que lo aprobado no quede solo en intención.

Conclusión

El Real Decreto‑ley 7/2025 representa una respuesta urgente y amplia al apagón del 28 de abril, apuntando a reforzar la red eléctrica, acelerar la integración de renovables y modernizar el marco regulatorio con medidas técnicas y administrativas. Si se desarrolla con determinación y diálogo, puede marcar un antes y un después en la resiliencia eléctrica española.

El verdadero reto no está en el texto, sino en su aplicación efectiva: supervisión activa, inversiones rápidas, regulación sensible y ajuste continuo. De ello dependerá que este decreto contribuya de forma concreta a prevenir apagones y facilitar una transición energética segura y sostenible.