Rusia busca ampliar su influencia en Latinoamérica a través el sector petrolero

Un reciente informe del think tank europeo Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), titulado La estrategia del Kremlin en Latinoamérica, destaca cómo Rusia está utilizando el petróleo para expandir su influencia en la región. Esta estrategia, indica el CSD, también proporciona a Moscú un medio para eludir las sanciones económicas impuestas tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

“Mediante el establecimiento y la profundización de relaciones económicas, especialmente en sectores clave como la energía (…), Rusia busca crear dependencias que puedan explotarse para ejercer influencia política. Esta estrategia económica no sólo proporciona a Rusia beneficios financieros inmediatos, sino que también ayuda a asegurar una influencia a largo plazo en la región”, afirma el informe del CSD.

Los acuerdos petroleros rusos en Latinoamérica suelen reforzarse con contratos a largo plazo, empresas conjuntas y la provisión de financiación y asistencia técnica. Esto hace que a los países de la región les resulte muy difícil desvincularse de Moscú, aunque lo deseen.

Según el informe del CSD, “la influencia económica es un elemento clave en la búsqueda por parte de Rusia de una mayor influencia en la política interior y exterior de los países de Latinoamérica, con el objetivo de contrarrestar el dominio occidental en la región”.

Exportaciones rusas de petróleo

Las exportaciones de petróleo ruso a Latinoamérica se han incrementado desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y, según el informe del CSD, se sitúan actualmente en torno a los 300 000 barriles por días. Por ejemplo, en febrero de 2024, el superpetrolero ruso Ligera transportó más de 1,7 millones de barriles de crudo a Venezuela, la primera entrega al país sudamericano en cinco años, informó Bloomberg.

“Esta dependencia entraña riesgos para la región. Países como Brasil y Venezuela podrían sufrir coacciones políticas alineadas con los objetivos geopolíticos rusos”, explica a Diálogo Martin Vladimirov, director de geoeconomía del CSD y uno de los autores del informe.

El interés de Moscú en Venezuela no es reciente. Según el informe del CSD, alrededor del 23 por ciento de los acuerdos bilaterales desde 2004 hasta 2023 entre Caracas y Moscú se refieren al petróleo. Incluyen empresas conjuntas, adquisiciones, inversiones, préstamos, reprogramación de deudas, asignaciones de campos petrolíferos, comercio de crudo e incluso acuerdos de cooperación. Según el CSD, en Venezuela, la empresa estatal rusa Rosneft ha sido un intermediario comercial clave en el sector petrolero, facilitado a través de sus filiales la exportación de crudo de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, ayudando así a la compañía a eludir las sanciones internacionales y vender su petróleo a China e India. Rosneft también explota cinco yacimientos petrolíferos en Venezuela a través de empresas conjuntas con PDVSA que producen alrededor de 100 000 bpd.

“Esto no sólo permite a Venezuela unir fuerzas con Rusia para evadir las sanciones de Estados Unidos, sino que también apoya al régimen de Maduro. La petrolera estatal rusa Rosneft ha desempeñado un papel clave en esto, a través de la asistencia financiera y la inversión en infraestructura, posicionando efectivamente a Moscú como garante del gobierno chavista”, dice Vladimirov.

Inversiones en Latinoamérica

Además de Rosneft en Latinoamérica, también han aumentado las inversiones de otras petroleras rusas como Gazprom y LUKOIL. En 2022, LUKOIL anunció que había comprado el 50 por ciento de las acciones de la petrolera offshore Area 4 en la Bahía de Campeche del Golfo de México.

En abril de 2023, la compañía de petróleo Wintershall Dea, vinculada al oligarca ruso Mikhail Fridman, indicó que había descubierto petróleo en el Golfo de México, con estimaciones que oscilaban alrededor de 200 millones de barriles de petróleo potenciales. Según Vladimirov, este descubrimiento “subraya el continuo intento de Rusia de posicionarse como uno de los principales actores en el sector del petróleo y el gas en Latinoamérica”.

En abril de 2024 el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en presencia de la canciller boliviana, Celinda Sosa, afirmó que Bolivia es una de las prioridades de Rusia en Latinoamérica. “Existen importantes oportunidades para aumentar la actividad mutuamente beneficiosa” en distintos campos, como la energía, dijo Lavrov, refiriéndose a la explotación de los yacimientos de Gazprom. En 2018, Gazprom y la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un acuerdo por el que la corporación energética rusas se comprometió a invertir unos USD 1200 millones en la exploración y producción del campo de la reserva de Vitiacua, en el sur de Bolivia.

“Además del petróleo, las inversiones de, por ejemplo, la rusa Rosatom en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto, de USD 300 millones, revelan la intención de Moscú de insertarse en varias infraestructuras energéticas críticas en Latinoamérica, influyendo potencialmente en las decisiones políticas de Bolivia”, afirma Vladimirov.

Según el experto, desde el inicio de la guerra en Ucrania, las empresas rusas han recurrido principalmente a inversiones de bajo coste y alto impacto en Latinoamérica, ofreciendo contratos a largo plazo a precios bajos, utilizando la reducción de costes como herramienta geopolítica.

Flotas ocultas

Para eludir las sanciones occidentales, Moscú utiliza diversas técnicas. Por ejemplo, según la ONG boliviana Fundación Tierra, el capital ruso en Bolivia opera a menudo a través de terceros. “Las petroleras rusas LUKOIL y Gazprom figuran en los registros bolivianos como inversiones neerlandesas que forman parte del negocio de exploración y explotación de hidrocarburos”, indica la Fundación Tierra.

Además, Moscú ha desarrollado una flota de buques petroleros “en la sombra”, muchos de los cuales están registrados en centros offshore latinoamericanos y, por tanto, pueden cambiar de pabellón. Estos barcos ayudan a las empresas rusas a mover el flujo de petróleo sancionado, disfrazando el origen y la propiedad de las exportaciones.

“Para Latinoamérica, esta flota en la sombra entraña riesgos sustanciales. La participación en estas redes de evasión de sanciones expone a los países latinoamericanos a responsabilidades legales y refuerza la corrupción en los sectores marítimo y financiero, creando vulnerabilidades que Estados autoritarios como Rusia podrían explotar para ganar más influencia económica y política”, afirma Vladimirov.

Corrupción

Para ampliar su influencia económica, Rusia ha utilizado varios mecanismos en Latinoamérica, incluyendo la implicación de influyentes agentes de poder a través de sobornos. Esto es evidente en el caso de Venezuela, donde las empresas estatales rusas se han asegurado numerosos contratos en los sectores del petróleo a través de acuerdos opacos que a menudo eluden los procedimientos reguladores estándar.

“En Venezuela, empresas rusas como Rosneft se han asegurado lucrativos contratos petroleros estableciendo vínculos personales y financieros con las élites locales. Gracias a acuerdos opacos y a grupos de presión, las empresas rusas vinculadas al Estado se han hecho con grandes porciones del sector petrolero venezolano, a menudo eludiendo los procedimientos de contratación pública”, explica Vladimirov.

Según el experto, esta relación también incluye apoyo militar, como demuestra la presencia en Venezuela de agentes del Grupo Wagner, que Rusia utiliza para salvaguardar sus inversiones económicas.

En Bolivia, según el informe de CSD, la influencia rusa sobre el Gobierno de Evo Morales permitió a Rosatom obtener contratos en condiciones de transparencia mínima, incorporando a Rusia al sector energético del país. Esta erosión de la gobernanza no sólo supone un peligro para la soberanía económica de la región, sino que corre el riesgo de convertir los recursos latinoamericanos en puntos de apoyo para las maniobras geopolíticas rusas, concluye Vladimirov.