ONU en alerta: Guterres condena la ley israelí que corta electricidad y agua a la UNRWA

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una dura condena contra una nueva ley aprobada por el Gobierno de Israel que prohíbe el suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), calificando la medida como una violación del derecho internacional y un serio obstáculo para la asistencia humanitaria en la región. La legislación, aprobada por la Knesset el 29 de diciembre de 2025, enmienda la Ley de Cese de Operaciones de la UNRWA y restringe la provisión de servicios básicos como energía y agua a instalaciones de la agencia en territorio israelí, especialmente en Jerusalén Este. Guterres subrayó que esta decisión “contradice el estatus y el marco legal aplicable a la UNRWA” y llamó a su “derogación inmediata”

Legalidad y protecciones internacionales en juego

En un comunicado oficial, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, recordó que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas protege tanto a la agencia como sus propiedades, bienes y personal, señalando que estas “son inviolables bajo el derecho internacional”. Según explicó, tales protecciones fueron reafirmadas recientemente por un dictamen de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, lo que refuerza la obligación de los Estados de respetarlas. 

La ONU considera que la UNRWA desempeña un papel “indispensable” para millones de refugiados palestinos que dependen de sus servicios en sectores afectados por la violencia y la escasez, especialmente en Gaza y en otros territorios. Sus programas incluyen asistencia alimentaria, atención médica, educación y apoyo en servicios básicos. La interrupción del suministro de agua y electricidad podría debilitar dramáticamente la capacidad operativa de estos programas, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de innumerables civiles vulnerables.

Contexto de tensiones y campañas contra la UNRWA

La aprobación de esta normativa se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el Gobierno israelí contra la UNRWA en los últimos años. En 2024, el parlamento israelí prohibió formalmente a la agencia operar dentro del país, y desde entonces han surgido múltiples tensiones, incluyendo la colocación de la bandera israelí en instalaciones de la agencia y el cierre de escuelas administradas por la UNRWA en Jerusalén Este. 

La medida de cortar agua y electricidad se interpreta por muchos observadores como parte de una campaña sistemática para debilitar el mandato de la agencia ante el conflicto persistente en Gaza y Cisjordania, donde los refugiados muchos de ellos desplazados por décadas de conflicto dependen en gran medida de la asistencia humanitaria de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Rechazo internacional y preocupaciones humanitarias

La condena de Guterres ha sido respaldada por diversas voces internacionales que advierten sobre las graves implicaciones humanitarias de la ley. A mediados de enero, una declaración conjunta de varios países europeos entre ellos España, Noruega, Suecia e Islandia calificó la legislación israelí como una violación del derecho internacional humanitario y señaló que podría “socavar significativamente” la entrega de asistencia crítica en Gaza y otros territorios donde opera la UNRWA.

Organizaciones no gubernamentales y derechos humanos también alertan que el corte de servicios básicos como agua y electricidad intensifica la ya grave crisis humanitaria, donde infraestructuras esenciales han sido dañadas o destruidas en el marco del conflicto, dejando a comunidades enteras con acceso limitado a necesidades fundamentales como saneamiento y atención médica.

Llamado a la comunidad internacional

Ante la situación, la ONU ha instado no solo a la derogación de la ley, sino a un compromiso reforzado por parte de la comunidad internacional para garantizar que la asistencia humanitaria llegue sin obstáculos a las poblaciones necesitadas. Guterres enfatizó que el respeto de los acuerdos internacionales sobre inmunidades diplomáticas y humanitarias “no es negociable”, y que su violación tendría consecuencias de largo alcance para la protección de refugiados y la estabilidad en una región ya profundamente afectada por décadas de conflicto. 

Mientras tanto, la tensión entre la UNRWA y el Gobierno israelí continúa siendo un punto álgido en las relaciones internacionales, reflejando la complejidad de la crisis en el Medio Oriente y la urgente necesidad de soluciones que prioricen los derechos humanos fundamentales y la asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan.