Estados Unidos enfrenta una crisis energética: aumentan las facturas y se paralizan más de 300 proyectos renovables

Washington D.C., noviembre de 2025 — Un informe publicado por Climate Power el 31 de octubre revela una preocupante crisis energética en Estados Unidos, marcada por el aumento de las tarifas eléctricas, la paralización masiva de proyectos de energía limpia y una pérdida significativa de empleos e inversiones. Bajo la actual administración, el país ha visto retrocesos en su transición energética que podrían tener consecuencias duraderas para su economía, seguridad energética y liderazgo climático.

Paralización de proyectos renovables

Uno de los datos más alarmantes del informe es la cancelación o retraso de 307 proyectos de energía renovable en 34 estados. Estos proyectos incluían instalaciones solares, parques eólicos, sistemas de almacenamiento y redes inteligentes, muchos de ellos ya en fase de construcción o con financiamiento asegurado.

• Empleos perdidos: Más de 158.000 puestos de trabajo han sido afectados, desde ingenieros y técnicos hasta trabajadores de obra y personal administrativo.

• Inversión privada comprometida: Se estima una pérdida de $52.000 millones en inversiones privadas, lo que representa un fuerte golpe a la innovación y competitividad del sector energético estadounidense.

Contexto político y económico

El informe señala que estas cifras están directamente relacionadas con decisiones ejecutivas recientes que han favorecido la expansión de combustibles fósiles, reducido los incentivos para energías limpias y debilitado los marcos regulatorios ambientales. Esta política energética ha generado preocupación entre expertos, legisladores y empresas del sector, que advierten sobre el riesgo de perder liderazgo global en tecnologías sostenibles.

Implicaciones internacionales

La crisis energética interna también tiene repercusiones en la posición de Estados Unidos frente a sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. La ralentización de proyectos renovables podría dificultar el cumplimiento de metas de reducción de emisiones y afectar la credibilidad del país en foros multilaterales como la COP30.