El Gobierno británico presentó el 3 de julio su primera estrategia integral de eólica terrestre, con el ambicioso objetivo de duplicar la capacidad actual (de ~16 GW a 27–29 GW para 2030). La iniciativa incluye 40 acciones destinadas a mejorar permisos, repotenciar parques envejecidos, apoyar a las comunidades anfitrionas y agilizar conexiones. Se estima la creación de alrededor de 45 000 puestos de trabajo y la atracción de miles de millones en inversión privada. El plan busca combinar reducción de costes, seguridad energética y apoyo local.
Fecha:Monday 21 Jul de 2025
Gestor:INSTITUTO ISIEN
El 3 de julio de 2025, el Gobierno británico presentó su primera estrategia integral para el despliegue de energía eólica terrestre. Con cerca de 16 GW instalados actualmente, el plan busca ampliar esta capacidad a entre 27 y 29 GW para 2030, lo que implica una duplicación en menos de seis años. El objetivo es cumplir con las metas de descarbonización del sector eléctrico y reforzar la seguridad energética frente a precios volátiles del gas y la dependencia exterior.
El foco no solo está en las cifras de capacidad, sino también en la creación de empleo y la revitalización de zonas rurales. Se espera que el impulso al sector genere cerca de 45 000 nuevos puestos laborales —entre construcción, fabricación, instalación y mantenimiento—, contribuyendo al desarrollo económico de múltiples regiones. El compromiso político apunta además a asegurar una cadena de suministro sólida y sostenible que beneficie tanto a las empresas como a las comunidades locales.
La eólica terrestre se presenta como una de las tecnologías más baratas y rápidas de desplegar para la transición energética. La estrategia define 40 acciones específicas que combinan incentivos, ajustes normativos y apoyo comunitario. Entre ellas destacan los incentivos a proyectos, mejora del sistema de permisos, repotenciación de plantas existentes y desarrollo de redes eléctricas. Este enfoque multifacético busca resolver los cuellos de botella que frenaban su crecimiento.
La estrategia fija una meta clara: aumentar la capacidad instalada de eólica terrestre desde los 16 GW actuales a entre 27 y 29 GW en cinco años. Esta proyección implica añadir cada año cerca de 2‑3 GW nuevos, algo nunca logrado históricamente en el sector. Para 2030, esta cifra abastecería a millones de hogares y reduciría emisiones en sectores clave.
Este incremento es parte de un plan más amplio de descarbonización energética: se busca que el sector eléctrico sea prácticamente 100 % libre de carbono antes de 2030. La eólica terrestre, junto con offshore y solar, será el pilar principal de esta transformación. Además, permitirá una mayor integración de energías variables sin comprometer la estabilidad del suministro.
Para alcanzar el objetivo se contemplan tanto proyectos greenfield (nuevas instalaciones) como repotenciaciones de parques existentes. Las renovaciones podrían añadir capacidad con menor impacto ambiental y técnico, al prolongar la vida útil de infraestructuras ya conectadas. Así, se combinan rapidez operativa, costes competitivos y minimización de nuevas licencias.
Se estima que la ejecución de este plan creará alrededor de 45 000 empleos directos e indirectos. La construcción, montaje, operaciones y mantenimiento serán los sectores más demandantes de personal. Además, se prevé un fuerte impulso en industria nacional: palas, torres, cimentaciones y componentes clave podrían fabricarse en Reino Unido.
El Gobierno busca atraer varios miles de millones de inversión privada mediante mecanismos como contratos de larga duración, subvenciones y estabilidad regulatoria. Esto favorece la creación de nuevas empresas y clusters industriales en regiones periféricas, generando desarrollo local y dinamización económica al margen de las grandes ciudades.
La apuesta por el empleo local en zonas rurales también incluye programas de formación y cualificación profesional. De esta forma, se asegura que la comunidad local tenga acceso a los nuevos puestos de trabajo. La estrategia se articula así como una política industrial y social, no solo energética.
Entre las 40 acciones destaca el refuerzo del “Community Benefit Protocol”, que establece que las comunidades anfitrionas reciban financiación para infraestructuras locales: bibliotecas, instalaciones deportivas, mejora de caminos o proyectos culturales. Estos incentivos buscan fomentar la aceptación social de nuevos proyectos eólicos.
El plan también agiliza consultas públicas, limitando retrasos y costes administrativos. Con un sistema más ágil, se reduce la incertidumbre para los promotores y se acelera la puesta en marcha de proyectos, generando aceptación conjunta entre municipios y sector privado.
Se perfila así un modelo ganadero limpio: las comunidades se benefician del desarrollo energético sin sacrificar territorio. La estrategia europea busca que los beneficios económicos del despliegue no queden restringidos a actores corporativos, sino que se extiendan a los ciudadanos de las zonas de implantación.
Una parte fundamental del plan consiste en simplificar los procesos de planificación y permisos. Se implementarán plazos máximos para responder a solicitudes, sistemas digitales para trámites y mayor coordinación entre ayuntamientos, gobiernos regionales y sector nacional. Así se eliminarán los cuellos de botella que antes aplazaban proyectos durante años.
También se flexibilizarán criterios técnicos, con actualizaciones normativas para facilitar conexiones a red y subscripciones a contratos energéticos. Los promotores contarán con mayor claridad normativa, reduciendo inversiones en asesoría y tiempo en aprobaciones.
Estas medidas buscan restaurar la confianza política de los inversores, que hasta ahora veían como principal barrera la complejidad burocrática. Un entorno regulatorio más eficiente contribuirá a que proyectos viables económicamente lleguen a término en tiempos óptimos.
El programa máximo aprovechará que muchos parques terrestres instalados entre 2000 y 2010 están cerca del fin de su vida útil. La estrategia incluye esquemas para renovarlos, sustituyendo aerogeneradores por modelos más eficientes con mayor capacidad por área. Esto permitirá aumentar producción con menor necesidad de nuevas autorizaciones.
Las ayudas para repotenciación incluyen financiación específica, facilidades técnicas y reglas preferenciales para la reconexión a la red. Esta vía es rentable y rápida, ya que no necesita suelo adicional ni grandes debates medioambientales.
También mejora la resiliencia del sistema, con tecnología más moderna y mayor productividad. El proceso de renovación se convertirá en un motor económico, especialmente en regiones con tradición eólica pero infraestructuras obsoletas.
Se crea la “Onshore Wind Council”, órgano conformado por el Gobierno, industria y sector educativo. Su objetivo es desarrollar skills estratégicas, fomentar clusters industriales y atraer centros de fabricación de componentes críticos (palas, torres, transformadores).
Programas de formación técnica vinculados a centros educativos locales permitirán inmunizar la comunidad contra sustitución por personal externo. De esta forma, el proyecto se convierte en oportunidad profesional directa para residentes rurales.
También se impulsará la investigación aplicada y residuos circulares, favoreciendo que la cadena de suministro se mantenga competitiva, eficiente y respetuosa con los objetivos de carbono neutralidad.
La estrategia apuesta por acelerar las conexiones de nuevos proyectos eólicos a la red eléctrica. Se planean refuerzos de líneas existentes, reducción de trámites para ampliaciones y colaboración administrativa en nodos regionales. Estas mejoras reducen los tiempos de espera: en lugar de tres a cinco años, se plantean plazos de 12–18 meses para nuevas obras.
Además, se introducirá priorización técnica para eólica, similar al mecanismo ya existente para fuentes renovables offshore. Esto aliviará la competencia por capacidad en zonas clave, permitiendo operatividad inmediata.
El fortalecimiento de la red también facilitará la integración de renovables en el sistema, reduciendo restricciones técnicas y aumentando la cuota de electricidad no fósil.
El documento estratégico promueve el uso de redes inteligentes (smart grids) para gestionar la variabilidad generada por el parque eólico. Se prevé combinar producción con almacenamiento distribuido y upgrades de gestión automatizada, permitiendo mayor flexibilidad operativa.
Estas soluciones tecnológicas fortalecen la estabilidad del sistema y reducen la necesidad de respaldo fósil, acercando la electricidad británica a estándares de resiliencia renovable.
De este modo, la eólica onshore no solo significa energía limpia, sino también modernización de redes y digitalización del sector energético.
Aunque el foco es la energía terrestre, el plan contempla coordinación con proyectos eólicos marinos y solares. Se crearán hubs energéticos mixtos que permitan gestión integrada de generación, almacenamiento y red en zonas estratégicas.
Esta integración permitirá maximizar recursos, estabilidad y economías de escala. Además, ofrece trayectorias de conversión profesional para equipos entre sectores.
El resultado es un enfoque sistémico, donde la eólica onshore funciona como parte de una mezcla energética diversificada, equilibrada y eficaz.
Se prevé la generación de unos 45 000 nuevos empleos vinculados a la eólica terrestre: instaladores, técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, logística y servicios auxiliares. La mayoría serán permanentes, consolidando tejido local.
Estos empleos no dependen solo de contratos temporales: una vez instalados los parques, los servicios continuos aseguran demanda laboral constante. Eso transforma el panorama laboral de zonas rurales.
También se favorecerá la creación de pymes especializadas en electrificación rural, mantenimiento ecológico y soporte técnico, diversificando la base económica de comunidades rurales.
El Gobierno financiará programas de formación técnica en escuelas técnicas y universidades regionales. Se crearán cursos que incluyan montaje, mantenimiento de aerogeneradores, ingeniería eléctrica y gestión de terrenos.
La capacitación estará acordada con la industria, asegurando que el perfil profesional demandado se ajuste a la oferta formativa y genere empleabilidad directa al completar estudios.
También se fomentará la integración de prácticas y empleo directo en proyectos eólicos, facilitando la transición entre formación y trabajo.
Los incentivos comunitarios financiarán infraestructura pública: centros deportivos, culturales, parques o bibliotecas. Esto refuerza la relación entre las comunidades y las plantas eólicas: no solo se permiten, sino que se ven beneficiadas.
Las comunidades podrán negociar con promotores, estableciendo modelos de beneficio económico local, contratos directos de empleo y participación en ingresos por producción.
Este sistema fortalece la aceptación social de las instalaciones y crea un modelo replicable en otros países con idiosincrasia rural.
A pesar de apoyo público mayoritario, hay resistencia local en algunas zonas. Grupos conservacionistas y partidos regionales critican el impacto visual, la pérdida de suelo o el ruido, lo que puede ralentizar siting de parques nuevos.
La estrategia introduce consultas mejoradas y limitaciones técnicas para minimizar contratiempos, a la vez que incentiva soluciones como turbinas más discretas y diálogo con comunidades.
Lograr consenso es clave para evitar bloqueos que frenen el plan. El objetivo es hacer compatible la expansión eólica con calidad de vida local.
La eólica terrestre compite por espacio con agricultura, infraestructuras y conservación. La planificación estratégica debe integrar uso mixto del suelo y zonificación respetuosa, evitando impactos negativos.
El plan promueve el co-uso agrivoltaico, donde la instalación conviva con cultivos o pastoreo, aumentando eficiencia en hectárea. También considera protección ambiental específica para especies sensibles.
El éxito dependerá de la capacidad de armonizar energías renovables con actividades tradicionales, sin generar fricción social ni ambiental.
La estrategia requiere apoyo político a largo plazo. Cambios de Gobierno pueden interrumpir los planes si no hay un compromiso bipartidista de fondo. Para ello, se propone reforzar institucionalmente la Onshore Wind Council y reglas vinculantes hasta 2030.
También se recomienda incluir metas en leyes vinculantes y reportes anuales para que los gobiernos sucesivos deban cumplir objetivos. Así se evitan desvíos políticos ante coyunturas electorales.
Este blindaje institucional fortalecerá confianza inversora y dará solidez a la política energética de cara a la legislatura completa.
La nueva estrategia británica de energía eólica terrestre es un paso audaz y ambicioso hacia una matriz energética más limpia, económica y equitativa. Duplicar la capacidad instalada implica grandes retos técnicos y sociales, pero viene acompañada de un plan organizado en 40 medidas, que abordan desde permisos hasta formación y beneficios comunitarios.
El éxito dependerá de la coordinación efectiva entre Gobierno, industria y ciudadanía; de acompañar la estrategia con infraestructuras de red inteligentes; y de garantizar continuidad política y aceptación social. Si se consolida, Reino Unido no solo avanzará hacia sus objetivos 2030, sino que podrá servir de modelo internacional para países que buscan replicar su apuesta por la energía eólica terrestre.