La propuesta, denominada Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), llega al Senado después de las elecciones legislativas estadounidenses, en las que los demócratas consiguieron una victoria significativa y aseguraron el control de ambas cámaras del Congreso a partir de 2027.
El proyecto pretende resolver dos desafíos simultáneos: reducir los retrasos administrativos que dificultan el desarrollo de infraestructura energética y evitar que los consumidores residenciales y comerciales asuman costos asociados a la expansión de grandes instalaciones tecnológicas.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta diferencias políticas y cuestionamientos ambientales que podrían impedir su aprobación.
Los centros de datos deberán asumir mayores costos de infraestructura eléctrica
Uno de los principales componentes del proyecto establece que los grandes operadores de centros de datos contribuyan en mayor medida al financiamiento de las ampliaciones de redes eléctricas y sistemas de transmisión necesarios para abastecer sus instalaciones.
La medida busca evitar que los costos derivados de la construcción de infraestructura para nuevos consumidores industriales terminen trasladándose a hogares, pequeñas empresas y otros usuarios del sistema eléctrico.
La legislación también contempla mecanismos de protección financiera frente a proyectos que no lleguen a ejecutarse, con el objetivo de impedir que los consumidores deban pagar inversiones realizadas para instalaciones posteriormente canceladas.
El senador demócrata Sheldon Whitehouse, uno de los principales impulsores de la propuesta, considera que el proyecto ofrece una oportunidad para responder a las preocupaciones ciudadanas sobre las tarifas eléctricas y la responsabilidad económica de los centros de datos.
Por su parte, Jeremy Harrell, director ejecutivo de ClearPath Action, organización conservadora vinculada a políticas de energía limpia, destacó que las disposiciones relacionadas con estos complejos tecnológicos representan un área de coincidencia entre republicanos y demócratas.
La reforma podría acelerar centrales eléctricas y líneas de transmisión
Además de regular los costos asociados a los centros de datos, BAAJA propone agilizar los procedimientos federales para autorizar nuevas instalaciones de generación y redes de transporte de electricidad.
Estas modificaciones podrían tener consecuencias para desarrolladores de proyectos energéticos, compañías eléctricas, empresas de ingeniería y operadores de infraestructura.
El presidente Donald Trump expresó su respaldo a la iniciativa y pidió al Senado avanzar con su aprobación, argumentando que Estados Unidos necesita mantener su competitividad tecnológica frente a China.
No obstante, organizaciones ambientales y representantes de comunidades indígenas consideran que determinadas disposiciones podrían debilitar las evaluaciones ambientales y afectar derechos territoriales.
Entre los opositores se encuentra Sierra Club, que considera insuficientes las modificaciones presentadas por los promotores de la legislación para responder a esas preocupaciones.
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también manifestó reservas sobre las protecciones ambientales incluidas en el proyecto.
La firma de inversión TD Cowen redujo del 40 % al 25 % su estimación de probabilidad de aprobación de la ley después de las elecciones legislativas.
Gas natural, emisiones y nuevas inversiones energéticas
La reforma también podría influir en la combinación de fuentes utilizadas para abastecer la creciente demanda eléctrica de los centros de datos.
Un análisis de Rhodium Group estima que las modificaciones propuestas para transmisión y permisos podrían reducir entre un 31 % y un 90 % las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estas instalaciones, dependiendo de las fuentes de generación utilizadas.
El estudio plantea que una red eléctrica ampliada permitiría atender una mayor proporción de la demanda mediante electricidad progresivamente más limpia, en lugar de depender exclusivamente de centrales dedicadas alimentadas con gas natural.
Sin embargo, estos resultados son proyecciones condicionadas a la aprobación y aplicación efectiva de la reforma.
La entidad financiera ING considera poco probable que se adopten restricciones federales amplias contra la construcción de centros de datos durante la administración Trump, debido a su importancia estratégica para la competencia tecnológica internacional.
El debate sobre BAAJA refleja la creciente relación entre inteligencia artificial, inversión industrial y seguridad energética. Su resultado determinará si Estados Unidos modifica próximamente los procedimientos de autorización de infraestructura y las responsabilidades financieras de los grandes consumidores eléctricos, en un contexto de expansión tecnológica y preocupación por los costos de la energía.
