La empresa israelí Navitas Petroleum, cotizada en la Bolsa de Valores de Tel Aviv y financiada por fondos de pensión de ese país, avanza en el desarrollo del proyecto de extracción de hidrocarburos Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, sin contar con ninguna autorización de las autoridades argentinas competentes, en lo que especialistas en derecho energético describen como una violación directa a la legislación nacional vigente.
La posición de Israel y la respuesta del gobierno argentino
El pasado 15 de mayo, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, se refirió públicamente a la situación durante una entrevista con el medio NewsDigitales. El diplomático reconoció la incomodidad del caso pero limitó la responsabilidad de su gobierno al señalar que Navitas es una compañía de carácter privado y no una empresa estatal.
Israel comprende la posición argentina. Sabemos que es una situación incómoda, pero Navitas es una empresa privada y no una compañía estatal israelí —declaró Sela, quien además indicó que Argentina puede tomar cualquier decisión que considere respecto a esta empresa.
Sin embargo, transcurridos más de 45 días desde esas declaraciones, la Cancillería argentina, bajo la administración de Javier Milei, no ha iniciado acciones legales ni administrativas formales contra la compañía.
El entramado financiero detrás de Navitas Petroleum
Aunque el gobierno israelí sostiene que Navitas opera fuera de la órbita estatal, los registros financieros públicos revelan un vínculo institucional significativo. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE), regulada por la Autoridad de Valores de Israel (ISA), un organismo público. Adicionalmente, los principales inversores que respaldan las operaciones de Navitas en el Atlántico Sur son fondos de pensión que administran el ahorro previsional de trabajadores y jubilados israelíes, lo que implica una participación institucional de ese país en el financiamiento del proyecto.
Las normas argentinas que estarían siendo vulneradas
Desde el punto de vista jurídico, las actividades de Navitas en la plataforma continental argentina involucrarían incumplimientos en al menos tres marcos normativos nacionales:
- Ley de Hidrocarburos (Leyes 26.659 y 26.915): establece sanciones penales, inhabilitaciones y multas para quienes realicen exploración o explotación sin autorización expresa de la Secretaría de Energía.
- Código Aduanero (Ley 22.415): el ingreso de plataformas de perforación, maquinarias e insumos sin pasar por los controles del servicio aduanero nacional podría configurar contrabando de mercaderías.
- Ley General del Ambiente (Ley 25.675): las operaciones offshore se estarían desarrollando sin la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental ni las licencias emitidas por organismos argentinos, generando riesgo sobre el ecosistema marino del Atlántico Sur.
Cronograma técnico y próximos pasos del proyecto
De acuerdo con la información técnica pública de la compañía, Navitas Petroleum prevé iniciar las perforaciones en el yacimiento Sea Lion entre 2027 y 2028, con el objetivo de alcanzar la producción comercial hacia mediados de 2028. El proyecto fue concesionado por la administración colonial británica de las islas, en contraposición a lo establecido por la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que prohíbe modificaciones unilaterales en zonas de soberanía en disputa. Hasta el momento, ninguna dependencia del Estado argentino ha notificado formalmente a la empresa ni activado los mecanismos de sanción previstos en la normativa vigente.
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